Los miembros de la Comisión analizan los documentos de cada institución y elaboran de común acuerdo el dictamen correspondiente. La Comisión determina también los procesos y criterios para dictaminar la acreditación y se preocupa de asegurar la confiabilidad y confidencialidad de la información, el profesionalismo y capacidad técnica de los involucrados en los procesos, así como la imparcialidad en la evaluación.